La justicia desenmascara a los barras argentinos

Son muchos los trabajos periodísticos y editoriales que en los últimos años han profundizado en las conexiones entre las barra bravas argentinas y los dirigentes deportivos, políticos y sindicales. Gustavo Veiga y Gustavo Grabia son sólo algunos de los periodistas que han dejado escrito en el papel esta red de apoyos y complicidades, que tiene como eje los negocios a través de la violencia. Sin embargo, no han sido muchos los jueces que se animaron a avanzar en la investigación de estos grupos y plasmaron en fallos judiciales concretos estos contactos muchas veces delictivos.

La semana pasada, la jueza Wilma López procesó con prisión preventiva al líder del sindicato de trabajadores ferroviarios, José Pedraza, y a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, por instigar el ataque violento a un grupo de trabajadores tercerizados de la línea Roca, que terminó con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. El valiente fallo de la jueza, que puso tras las rejas a un poderoso dirigente como Pedraza, deja al descubierto cómo los sindicatos argentinos utilizan a los barrabravas del fútbol para amedrentar a aquellos que se oponen a su conducción.

Según definió López en su resolución, Pedraza y Fernández contaban con una patota a la que recurrían para frenar por la fuerza cualquier tipo de acción que pudiera amenazar su poderío “político y económico” en el gremio. Los trabajadores tercerizados, que en octubre pasado reclamaban por mejoras en sus condiciones laborales, podían afectar la hegemonía de Pedraza y su grupo si conseguían ser incorporados como personal de planta de planta permanente, sostiene López. Entre los miembros de la patota que atacó a los trabajadores estaban los barrabravas Cristian Favale (Defensa y Justicia) y Gabriel “Payaso” Sánchez (Racing).

La jueza corroboró que esta metodología de intimidación ante las protestas era una constante en el gremio. A través del análisis de imágenes televisivas, se comprobó que, el 6 de septiembre de 2010, poco más de un mes antes de la muerte de Ferreyra, muchos de los personajes que formaban parte de la patota se hicieron presentes durante un corte de boleterías en el hall central de la Estación Constitución y recibieron órdenes de los mismos protagonistas.

En la causa, está demostrado que el barra Favale, presunto autor de los disparos que mataron a Ferreyra, no era un trabajador ferroviario y que el barra Sánchez, pese a que figuraba como tal, no tenía una relación profunda con el gremio. Por eso, la jueza concluye que el grupo de violentos no actuaba en forma “espontánea” ni por interés propio para evitar protestas contrarias a la conducción del gremio. Estaban allí por dinero, con su violencia a cuestas, para ponerla en juego cuando fuera necesario. Con esa violencia mataron a Mariano Ferreyra. Hoy, por suerte están en la cárcel.