Pérez, Fernández, Grondona y la complicidad del poder

Pérez y Fernández podrían son apellidos dignos para los protagonistas de una serie de detectives en dupla, como aquéllos que transitan las calles de noche en busca de los violentos. Pero en este caso, Rubén Pérez y Aníbal Fernández intentan desde su lugar de poder combatir a los hinchas que causan incidentes en el fútbol, o es lo que se supone que deben hacer desde la titularidad del Coprosede (Comité Provincial de Seguridad Deportiva) el primero y desde la jefatura de gabinete de la nación y la vicepresidencia del club Quilmes el segundo. Sin embargo, en los últimos días sus nombre trascendieron precisamente por lo contrario de lo que se suponen son sus funciones públicas.

El 10 de noviembre, la Cámara de Apelaciones de La Plata conformó el procesamiento de Rubén Pérez por encubrir incidentes causados por la hinchada de Estudiantes y en pocos meses el titular del Coprosede estará sentado en el banquillo de los acusados ante un tribunal, codo a codo con los barras que supuestamente debería combatir.

Los hechos que salpican a Pérez sucedieron el 25 de junio de 2009. En esa fría noche en el Estadio Único de La Plata, Estudiantes recibía a Nacional de Montevideo en el partido de ida de la Copa Libertadores, que luego ganaría. Una fracción oficial de la barra atravesó varias puertas y controles, cruzó todo el estadio y emboscó al grupo liderado por Sergio “El Uruguayo” Chans, mientras eran seguidos de cerca por un grupo de policías. El incidente terminó con Chans herido de bala.

Las fuerzas de seguridad inicialmente intentaron encubrir el hecho, pero luego la Justicia, que comenzó a actuar tras una denuncia de la ONG “Salvemos al Fútbol”, encontró videos donde se veía a los barras caminando libremente, junto a dos oficiales, entre los cuales estaba Osvaldo Domínguez, el jefe del operativo. Unos días más tarde, lejos de colaborar con la Justicia, Pérez confeccionó un acta con la fecha del día anterior al partido donde se autorizaba la libre circulación por el estadio, como una forma de justificar las conductas de sus subordinados, que habían facilitado las agresiones. Para completar el panorama, una semana después del ataque, Domínguez fue nombrado dentro del Coprosede.

Luego una pericia determinaría que el acta estaba adulterada. Pérez fue procesado, aunque meses más tarde la jueza Inés Garmendia lo sobreseyó y lo liberó de culpa y cargo. El fiscal Jorge Paolini apeló y finalmente la Cámara le dio la razón al confirmar el procesamiento original. La causa ya tiene una decena de procesados y Pérez está acusado de “encubrimiento agravado” por su condición de funcionario público. En el fallo, la Cámara fue contundente, al considerar que la conducta de Pérez aquel día “estuvo claramente orientada a encubrir a los empleados del Comité a su cargo”. Pese a todo, Pérez sigue en su cargo. Mientras tanto, Domínguez goza de los beneficios del arresto domiciliario.

Por su parte, Aníbal Fernández declaró hace unos días que “conocía muy bien a dos de los agresores” que atacaron al plantel de Quilmes el pasado 6 de noviembre, tras perder ante Gimnasia (LP), e incluso confesó que uno de ellos es “un vecino suyo”. El senador provincial Daniel Expósito, vicepresidente del bloque ARI-CC de la Cámara Alta provincial, pidió la semana pasada a la Justicia que cite a declarar al jefe de Gabinete para que aporte datos a la causa.

Fernández reconoció este año su relación con Marcelo Mallo, líder de la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas (HUA), que convocó a más de 200 barrabravas para viajar al Mundial de Sudáfrica. Mallo, un dirigente político justicialista de San Francisco Solano, militó en la agrupación “Arturo Jauretche” que encabeza el jefe de Gabinete.

Para cerrar el círculo de poderosos, Julio Grondona, titular de la Asociación del Fútbol Argentino, justificó ante los diputados nacionales el 4 de noviembre que la reunión que un grupo de dirigentes sostuvo con un grupo de barras el 1 de septiembre en la misma sede de la AFA sucedió como un hecho espontáneo, ya que Grondona contó que los hinchas superaron la seguridad del edificio de la calle Viamonte y que, en ese marco “de desborde”, él asumió la tranquilizadora misión de recibirlos para calmar los ánimos.

Pérez, Fernández, Grondona son funcionarios con distintos grados de poder sobre el fútbol, que desde sus discursos públicos permiten entender por qué a diario surgen noticias sobre incidentes en los estadios y en los entrenamientos. El poder cómplice y fomentador es una buena forma de empezar a explicar los violentos sucesos cotidianos, aunque para cambiarlos hace falta voluntad desde los lugares donde hoy parece primar lo contrario.