En la madrugada del sábado, el Senado Argentino convirtió en ley el Proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplaza a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada en 1980 por la dictadura militar. Con 44 votos a favor y 24 en contra, el gobierno logró aprobar la nueva norma que regula el mercado de la radio y la televisión en la Argentina. Entre sus principales puntos, la nueva ley será aplicada por un organismo con participación del Poder Ejecutivo y de la oposición parlamentaria, asesorado por un Consejo Federal que integrará a todas las provincias y a todos los actores (públicos, privados, sociales, universitarios y de pueblos originarios); crea la Defensoría del Público; divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios estatales, comerciales y Organizaciones No Gubernamentales; establece topes a la cantidad de licencias para un mismo grupo (10 a nivel nacional y 3 en lo local) y fija cuotas máximas de penetración de mercado (35 %) para los servicios de radio y televisión.
El fútbol actuó como una suerte de avanzada de las intenciones de la presidenta Cristina Kirchner respecto a los medios de comunicación, algo sobre lo ya que se habló en este espacio. El 11 de agosto pasado, la Asociación del Fútbol Argentino rescindió el contrato que la unía con la empresa Televisión Satelital Codificada (conformada por Torneos y Competencias y el grupo Clarín) y pocos días más tarde firmó un convenio para la transmisión de los partidos con el Estado Argentino, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así es como, actualmente, los encuentros del torneo de Primera División se ven gratis a través de Canal 7 y la AFA recibe a cambio 600 millones de pesos al año, más del doble de lo que percibía anteriormente.
En 1989, el presidente argentino Carlos Menem avanzó en la licitación de los canales de aire y de las radios de la Argentina, permitiendo la participación de distintas empresas periodísticas que hasta entonces no podían hacerse de esos medios de comunicación, como por ejemplo los medios gráficos. La llegada posterior del cable y de otras nuevas tecnologías como Internet permitieron que algunos grupos periodísticos fueran conformando grandes conglomerados mediáticos, que incluían, según el caso, diarios, radios, canales de televisión y empresas de cable, entre otras cosas. En la segunda mitad de los años ´90, el proceso se completó con la entrada de grandes empresas extranjeras, que adquirieron muchos medios de comunicación en la Argentina. Así es como el mercado de los medios en la Argentina se concentra en pocas manos. Un ejemplo de ello se da en la televisión por cable, donde el grupo Clarín, a través de Cablevisión y Multicanal, concentra el 70 % de los usuarios. Es por eso que podemos suponer que en la última década del siglo XX, en Argentina no hubo un proceso de desregulación, sino que se trató de un proceso de re - regulación, donde muchas empresas que estaban en manos del Estado o de empresarios argentinos pasaron a manos de grandes multinacionales o de poderosas empresas locales. En este contexto, el poder público se reservaba el papel de controlador del mercado, cosa que en general ejerció con poco empeño.
El fútbol argentino no estuvo ajeno a ese proceso, sino más bien todo lo contrario. TSC se hizo con los derechos de los partidos por 23 años (el contrato finalizaba en 2014) y, de la mano de los derechos de los partidos, Clarín y Torneos y Competencias fueron haciéndose de canales deportivos propios, empresas de cable en todo el país, radios y diarios. Era tanto el dinero que generaban las transmisiones codificadas de fútbol en la Argentina, que el deporte se transformó en una de las herramientas que tuvieron estas empresas para crecer y transformarse en grandes grupos mediáticos.
Pese a tener un papel tan preponderante en el proceso que desembocó en la reciente ley, el mundo del fútbol no tuvo muchas manifestaciones en los medios. En la revista Un Caño de octubre, Ángel Cappa, técnico de Huracán, declaró: “Los medios han dejado el periodismo de lado, se han convertido en agentes difusores de la clase dominante, a la cual pertenecen. Según quien diga algo, uno piensa exactamente lo contrario y acierta”. Por eso es que Cappa también dijo a la página de Internet hablemostodos.gov.ar: “La nueva Ley es más que necesaria, es imprescindible. En primer lugar, porque si uno tiene en cuenta que se trata de una ley dictada por la última dictadura militar, ya con ese dato solamente sería un argumento suficiente para cambiarla de inmediato”.
El periodista Víctor Hugo Morales también se manifestó a favor de la nueva norma: “Si este Gobierno, con todos sus defectos, me quiere regalar, le quiere regalar a la sociedad una ley que haga saltar por el aire esta competencia desleal que han establecido a través de un monopolio como Clarín, yo no voy a salir al cruce. Yo los voy a aplaudir y los voy a alentar“.
Poco antes de que el fútbol pasara a manos estatales, el técnico de la Selección Argentina Diego Maradona dio a conocer una carta donde afirmaba que la iniciativa “permitiría que todos los argentinos por igual vean los grandes eventos deportivos en forma gratuita y no hace más que pluralizar el deporte, sus ejemplos y sus enseñanzas”.
El periodista Juan Pablo Varsky también dijo: “Conozco bien el desarrollo de los cables y sé que necesitamos una ley, un conjunto de reglas que le den un marco a un fenómeno que por acumulación y por falta de regulación en su momento terminó generando hoy un cuadro de mucho monopolio”.
La nueva ley tiene algunos puntos discutibles que podrían haberse debatido con mayor profundidad y que podrían mejorarse en el futuro. Sería más sano que la autoridad de aplicación tenga mayor independencia del Poder Ejecutivo o que las empresas contratistas del Estado no pudieran acceder a licencias de comunicación. Pero con todos sus defectos, la nueva norma avanza en la desconcentración de un mercado que en los últimos años quedó en muy pocas manos, generando discursos similares y pocos espacios para la expresión de otras voces. Pese a que la letra pueda sonar atractiva, la fase de aplicación no es menos importante, para que la ley democrática pueda alcanzar sus objetivos y no se quede en buenas intenciones. Deberá el actual gobierno adjudicar las futuras licencias con transparencia a gente idónea para que la diversidad de voces no se quede sólo en un slogan.
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